Aborto y libertad

 

Con frecuencia, el movimiento pro-aborto se presenta a sí mismo bajo la bandera de la libertad. El fin que se propone no es directamente la interrupción del embarazo en sí mismo. Más bien, la posibilidad de que la mujer pueda- si lo desea- tomar esta decisión sin tener que enfrentar consecuencias penales o sociales.

 Afirma que, este modo de actuar, respeta a quienes por motivos éticos o religiosos prefieren llevar el embarazo adelante. Pero considera que se trata de una decisión estrictamente personal que no puede imponerse como criterio vinculante. Su crítica a quienes se oponen a la liberalización se basa fundamentalmente en que  en una sociedad plural y democrática no pueden imponerse convicciones religiosas de modo unilateral.

El apelo a la libertad en un contexto en el que este valor es particularmente apreciado constituye una bandera de enganche. Ésta  arrastra a numerosas personas o  por lo menos, hace que muchos piensen que lo verdaderamente respetuoso es seguir personalmente la línea de conducta que se considera correcta sin tratar de imponer imprudentemente a otros.

Despenalización y sentimientos

No es extraño que, en este ámbito, la despenalización en caso de violación adquiera un carácter paradigmático. En efecto, es difícil encontrar una situación en la que el carácter no deseado del embarazo sea más patente y que atente de modo más claro contra la libertad de la mujer. En este caso, la apelación a la libertad parecería adquirir un carácter indiscutible: ¿Cómo obligar a llevar a cabo algo que no se quiere y más aún, que ha procurado evitarse con todas las fuerzas?

Convendría, sin embargo, precisar la noción de libertad que aparece en estas tentativas.  En efecto, aunque en un sentido inmediato la libertad puede definirse como “capacidad de elegir”.

La aplicación del concepto a la vida social genera una serie de interrogantes que es preciso dilucidar: ¿Hay un vínculo entre libertad y “bien”? y si no lo hay ¿Qué diferencia a la libertad del mero capricho? ¿Puede la sociedad coartar la libertad personal?  ¿Cómo deben resolverse los casos de conflicto, en el que dos libertades opuestas entran en tensión?

El movimiento pro-aborto tiene una fuerte componente de acción. En este sentido apunta a una reforma de las estructuras sociales antes que un fundamento teórico que pueda justificar sus presupuestos. Como consecuencia, sus fundamentos intelectuales están apenas desarrollados o se apoyan en principios derivados de un sentir más o menos generalizado.

Esto no quiere decir que no haya unas líneas de fuerza que sostengan la propuesta. Toda acción toma su fuente y su inspiración de unas realidades que pueden ser expresadas de modo conceptual. En el caso del movimiento pro-aborto no han sido suficientemente explicitados y en consecuencia es preciso extraerlos del análisis de la propuesta.

Libertad del embrión

Un primer elemento para la reflexión viene dado por la ausencia de toda referencia a la libertad del embrión. En principio, no es capaz de tomar decisiones. Pero si los procesos biológicos siguen su curso natural, llegará un momento en el que el embrión pueda disponer de sí mismo. Privar a un embrión de la vida es, al mismo tiempo e inseparablemente, privarle de libertad con carácter irreversible y definitivo.

El movimiento pro-aborto evita esta cuestión o la explica de modo superficial, negando al embrión el estatuto de persona humana.  Será oportuno detenerse en este punto más adelante, que de momento debe solamente señalarse.

 Aborto como servicio público

Un segundo elemento en el que aparece la concepción de la libertad en el movimiento pro-aborto tiene que con su propuesta en configuración del aborto en la vida social.

Se insiste en que el aborto debería ser un procedimiento garantizado por la red estatal de salud pública.  Solamente en este caso se ofrecería a todas las mujeres -también a aquellas de menos recursos económicos- la posibilidad real de interrumpir el embarazo.

La red de servicios públicos se financia con recursos que  provienen de todos. En unos casos, directamente, a través de los pagos de los contribuyentes y en otros, de una riqueza nacional que debe destinarse a todos, como sucede, por ejemplo, cuando el estado explota determinados recursos naturales.

Ofrecer como un servicio público la posibilidad del aborto significa, en último término, violentar la libertad de un amplio grupo de contribuyentes que no querrían que su dinero se emplee con este fin.  Naturalmente, el movimiento pro-aborto tiene, en este punto, una línea de pensamiento muy clara: ante la disyuntiva entre el deseo de la mujer y el destino que los contribuyentes desean para sus recursos, la balanza debería inclinarse claramente en favor de la mujer.

Objeción de conciencia

Un tercer elemento de análisis lo provee el modo en el que, en la práctica se acaba configurando el derecho a la objeción de conciencia. Sucede con frecuencia que los médicos que prestan sus servicios en hospitales y centros de salud públicos están obligados a practicar un aborto. Además , están  sujetos a sanciones administrativas en el caso de negarse o poner objeciones.

 Se argumenta que, si los profesionales se negasen, no habría posibilidad real para la mujer que quiera abortar y su libertad quedaría reducida a un enunciado teórico.

 La única forma de que la oferta tome cuerpo real es obligar a los profesionales bajo la amenaza de sanciones en el caso de que se nieguen a ejecutar el procedimiento.

  En general, las legislaciones reconocen el derecho a la objeción de conciencia, pero este derecho está limitado y ofrece una protección insuficiente. En muchos casos, pueden negarse a realizar el procedimiento, pero tienen la obligación de derivar a las pacientes hacia otra persona que sí esté dispuesto a ejecutarlo. 

 Eso implica una responsabilidad directa, aunque la acción no se realice materialmente. Se trata de una verdadera cooperación, aunque no se ejecute personalmente. Nuevamente, el argumento tiene que ver con la libertad: limitar la libertad del médico es la única manera de garantizar la libertad de la mujer embarazada.

 Conclusiones

Llegados a este punto, se puede recapitular brevemente lo dicho. La libertad de la mujer embarazada se convierte en la cima y en la cumbre de todo el ordenamiento posterior: está por encima de la libertad del embrión; de los contribuyentes de las arcas fiscales y del personal sanitario. Los conflictos se resuelven por la fórmula: la libertad de la mujer por encima de todo y de todos. Es difícil negar que se trata de una concepción tremendamente unilateral.

  En este punto podemos interrogarnos acerca del daño que una idea como esta puede causar y si, a pesar de su deficiencia teórica, puede ser una ayuda para las mujeres que se encuentran en caso de necesidad.

  Se hace preciso reflexionar, aunque sea brevemente, acerca de la naturaleza y el fin de la libertad. Aunque en una primera aproximación la noción de libertad se asocia a la ausencia de coacción, no es difícil darse cuenta de que la libertad, requiere, por su propia naturaleza, de un norte y de un sentido que la oriente. Si carece de esa referencia vital, sencillamente se disuelve y ya no puede diferenciarse de lo caprichoso, aleatorio, o lo impredecible. Acaba por convertirse en una palabra vacía que solamente mira a la autoafirmación de solitaria de un individuo.

  Por otra parte, solamente una libertad con sentido puede aunar adecuadamente a un grupo social. Si la libertad se convierte en una instancia que solamente sirve para afirmar las propias pretensiones frente a los demás, el ambiente social se deteriora rápidamente y degenera en una guerra campal. Degenera, antes o después en la ley del más fuerte.

  Considerar unilateralmente la libertad de la madre y hacer de ello un argumento jurídico para el aborto mina peligrosamente las bases de la sociedad.

Establece un precedente muy  preocupante porque el deseo de un individuo se convierte en la norma que debe regular todo lo demás.

  Desde este punto de vista, el aborto, visto como institución social, se ve como extremadamente peligrosa. En efecto, daría vida a una estructura social en la que los deseos particulares se convierten en la instancia definitiva entre la vida y la muerte, entendidos en su sentido más radical y literal.

  Apelar a la libertad como un modo de darle validez jurídica al aborto no parece un camino viable. Se apoya en un concepto de libertad débil y contradictorio, que a duras penas puede justificar que se le llame con ese nombre. Instaurar una ley bajo esas condiciones implica abrir una peligrosa grieta para el buen funcionamiento de la sociedad.