La Ley para la Economía Violeta ha sido pensada en la Mujer
El 12 de abril de 2021, por iniciativa del ex presidente Lenin Moreno, la Asamblea Nacional comenzó a trabajar en el Proyecto de Ley para Impulsar la Economía Violeta. Actualmente se encuentra en la Comisión de Desarrollo Económico de la Asamblea Nacional para el tratamiento y aprobación del informe para el segundo debate.
En este marco se llegó al segundo informe, cuando se han recibido observaciones por parte de distintos movimientos que proponen entre otras recomendaciones, contemplar la inclusión laboral trans en la propuesta, que busca ampliar el enfoque de género para que la Ley sea «inclusiva».
Sin desconocer la problemática que enfrentan los grupos trans, es preocupante que estos colectivos pretendan apropiarse del resultado de una larga lucha por parte de las mujeres para lograr la igualdad respecto al hombre. Los derechos reclamados por las mujeres, no son una reivindicación fundamentada en la identidad de género de cada persona, sino en su identidad sexual biológica.
Esta distinción es importante porque incluso movimientos feministas radicales han denunciado el apropiamiento por parte de los grupos trans de la lucha de la mujer, lo cual ha implicado una nueva exclusión del sexo femenino en varios espacios ganados en los últimos siglos.
Organizaciones feministas como “Contra el Borrado de las Mujeres”, “Woman’s Place”, “Women’s Liberation Front” explican cómo el considerar que las personas que no son de sexo femenino pero que se autoidentifican como del género femenino son igualmente mujeres, tiene efectos terribles para las mujeres en los ámbitos del deporte, la educación, la infancia, la lesbofobia, la legislación, el acoso, la salud y los espacios seguros.
El considerar la feminidad como algo dependiente de una autoconcepción destruye la lucha histórica de las mujeres. Elizabeth Odio Benito, jueza de la Corte Interamericana y propulsora del feminismo, se pronunció en su voto parcialmente disidente en el caso Vicky Hernández vs Honduras en el siguiente sentido: “Las décadas de arduas luchas contra las discriminaciones y desigualdades, no sólo de las mujeres contra el patriarcado, también de todos quienes han desafiado racismos, prejuicios, patrones culturales, desaparecen. Yo admito no entender estos nuevos planteamientos que, bajo la fachada de luchas de grupos históricamente marginados, que son absolutamente ciertas, se pretenda borrar lo que también es irrefutable: el sexo”.
Luego, “Poner en una sola categoría a las mujeres biológicas con grupos cuyas discriminaciones y violencia tienen diferentes orígenes, lo que provoca es un totum revolutum que termina por no brindar adecuada protección a nadie. Cada zapato requiere su propia horma y no son intercambiables”.
El objeto del proyecto de ley violeta es alcanzar la equidad de sexos (femenino y masculino) de tal manera que puedan gozar de igualdad de oportunidades a pesar de sus diferencias, como aparece en el art. 3: “Reducir las barreras institucionales (tales como brechas salariales, permisos de maternidad y lactancia discriminatorio, institucionalización de roles de género, entre otras) adoptando medidas encaminadas a impulsar el acceso a instancias de poder y toma de decisión, a través de la incorporación de cuotas de género en los cargos de directivos y ejecutivos tanto en el sector privado como el público, fomentando y fortaleciendo la participación de las mujeres”.
Sabemos con certeza, que siempre será más económico contratar a una persona trans que a una mujer a quien hay que concederle algunos beneficios por maternidad o lactancia. Al colocarlos en igual situación de protección, pese a sus diversas condiciones sexuales, físicas y biológicas, se genera una nueva desigualdad. La mujer biológica vuelve a perder su oportunidad frente al varón.
Aunque la igualdad formal entre hombre y mujer ha sido alcanzada en casi todos los niveles, no ha sucedido lo mismo con la igualdad material, que todavía está lejos de concretarse, especialmente en el plano político y económico. Por esta razón, es fundamental que se respeten los espacios que han sido alcanzados para las mujeres porque buscan atender sus necesidades especiales que difieren de la realidad del hombre e incluso de quienes se autoidentifican con el género femenino.
María de Lourdes Maldonado
Nacida en Quito, el 5 de junio de 1977. Estudio en el colegio Cardinal Spellman Girls School hasta tercer Curso, y curso el bachillerato en el Centro Educativo Tomas Moro. Se graduó de abogada en la Pontificia Universidad Católica de Ecuador y realizó sus estudios de Posgrado en España, donde obtuvo el título de Master en Derecho de los Negocios en la Universidad Francisco De Vitoria, con el auspicio del Colegio de Abogados de Madrid. Es arbitra del Centro de Arbitraje de la Cámara de Comercio de Quito. Casada y tiene 4 hijos.
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